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Este año la Cumbre tuvo como tema principal la “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción” y contó con la participación de diversos sectores de la sociedad civil, organismos internacionales y representantes de los gobiernos de los países de las Américas.
A través de la Coalición 23 de “Población, Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Desarrollo”, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, la Plataforma “Right Here, Right Now – Derechos Aquí y Ahora”, la Campaña por la Convención Interamericana por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, entre otras organizaciones y redes de América Latina y el Caribe, denunciaron:

  • El avance de casos de corrupción, la criminalización de la protesta y militarización en los gobiernos de la región; situación que exacerba la precarización y debilidad de la institucionalidad democrática, afectando la garantía de los derechos humanos.
  • La ofensiva fundamentalista en contra de los derechos sexuales, los derechos reproductivos, el aborto legal, los derechos de las personas LTGBI, la garantía de la educación sexual integral y el acceso los servicios de salud sexual y reproductiva.
  • La debilidad democrática que se expresa en la amenaza, desprotección y desigualdad para defensores y defensoras de derechos humanos.
  • La criminalización de la protesta y la persecución a las y los defensores de los derechos sexuales y reproductivos.

Asimismo, exigieron a los Estados:

  • Cumplir los estándares internacionales en materia de respeto a los derechos humanos y a los derechos sexuales y derechos reproductivos, sin admitir retrocesos ni injerencia de postulados religiosos.
  • El respeto y garantía de los derechos humanos sin discriminación alguna,  comprometiéndose a  eliminar cualquier forma de discriminación,  desigualdad y violencia contra niñas, mujeres, jóvenes y personas LTGBI.
  • Asegurar los procesos de denuncia, investigación y sanción a los actos de corrupción, garantizando la vigilancia y participación activa de la sociedad civil.
  • Garantizar la promulgación de políticas y leyes que permitan a todas las mujeres acceder a un aborto legal, seguro y gratuito.