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Fuente: unaids.org

Las brechas existentes en los fondos públicos destinados a la sanidad se pueden salvar eliminando la evasión fiscal y poniendo en marcha impuestos de manera progresiva. La sanidad y el desarrollo deben protegerse frente al creciente impacto generado por la deuda.

DAVOS/GINEBRA, 21 de enero de 2020—ONUSIDA insta a los Gobiernos a garantizar que el derecho a la sanidad sea una realidad para todos y defendida por todos, para lo que anima a priorizar las inversiones públicas en salud. Hoy en día al menos la mitad de la población mundial no puede acceder a los servicios de salud básicos. Cada dos minutos una mujer fallece al dar a luz. Entre las personas dejadas al margen están las mujeres, los adolescentes, las personas que viven con el VIH, los gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los trabajadores  sexuales, las personas que se inyectan drogas, personas transgénero, migrantes, refugiados y las personas sin recursos.

«El derecho a la sanidad está eludiendo a personas sin recursos y la gente que está intentando salir de la pobreza se ve oprimida por los costes inaceptablemente elevados de la atención sanitaria. El 1 % que más riquezas acumula se beneficia de la ciencia más puntera, mientras que las personas sin recursos luchan por, al menos, poder recibir atención sanitaria», señala Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA.

Casi 100 millones de personas se ven abocadas a la pobreza extrema (definida como un presupuesto para subsistir de 1,9 dólares o menos al día), porque tienen que pagar por la atención sanitaria, y más de 930 millones de personas (alrededor de un 12 % de la población mundial) gastan, al menos, un 10 % de su presupuesto familiar en atención sanitaria. En muchos países, se niega la atención sanitaria a la gente o esta recibe una atención sanitaria de mala calidad, por no poder permitirse las cuotas de usuarios. El estigma y la discriminación niegan el derecho a la sanidad a las personas pobres y vulnerables, sobre todo a las mujeres.

Cada semana, aproximadamente 6000 chicas jóvenes se infectan por el VIH. En el África subsahariana, cuatro de cada cinco nuevas infecciones por el VIH entre adolescentes se producen entre chicas, y las enfermedades relacionadas con el sida suponen la mayor causa de mortalidad para las mujeres en edad reproductiva de la región. A pesar del enorme progreso alcanzado en cuanto a la reducción de las muertes relacionadas con el sida y las nuevas infecciones por el VIH, en 2018 hubo 1,7 millones de nuevas infecciones por el VIH y casi 15 millones de personas están todavía a la espera de recibir su tratamiento antirretroviral.

«La atención sanitaria públicamente financiada es el mayor igualador de la sociedad», apunta la Sra. Byanyima. «Cuando la inversión en la sanidad sufre recortes o resulta inadecuada, son las personas pobres y quienes viven al margen de la sociedad, sobre todo mujeres y chicas, las que primero pierden el derecho a la atención sanitaria y, además, son ellas las que han de soportar la carga de cuidar de sus familias».

El suministrar atención sanitaria para todos es una decisión política que demasiados Gobiernos aún no han tomado. Tailandia ha reducido las tasas de mortalidad de niños de menos de cinco años hasta 9,1 por cada 1000 nacimientos vivos, mientras que en los Estados Unidos de América dicha cifra se sitúa en 6,3 por cada 1000 nacimientos vivos. Sin embargo, el producto interior bruto per cápita de Tailandia es una décima parte del de Estados Unidos. Los tailandeses han progresado gracias a su sistema de salud financiado con fondos públicos, el cual permite que cada ciudadano tailandés tenga derecho a acceder a todos los servicios sanitarios básicos en cualquier etapa de su vida y hace que nadie quede atrás.

En Sudáfrica, en el año 2000, solo 90 millones de personas estaban recibiendo una terapia antirretroviral, pero en 2019 ya había más de cinco millones de personas en tratamiento para el VIH. El país sudafricano tiene ahora el programa de tratamiento del VIH de mayor envergadura del mundo. Países como Canadá, Francia, Kazajstán y Portugal tienen sólidos sistemas sanitarios públicos, aunque hay otros países ricos que carecen de ellos.

Las inversiones en sanidad en muchos países continúan siendo muy bajas en comparación con su producto interior bruto. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo calcula que los países en desarrollo pierden entre 150 mil millones  y 500 mil millones de dólares estadounidenses al año debido a la evasión en el pago de los impuestos corporativos y el trasvase de los beneficios por parte de las grandes empresas. Si este dinero perdido se invirtiera en sanidad, el gasto sanitario podría triplicarse en los países de bajos ingresos, y duplicarse en los de bajos y medianos ingresos. La carrera hacia el abismo en lo concerniente a los fraudes fiscales corporativos priva a los países en desarrollo de ingresos muy necesarios, a la vez que roba a la gente normal servicios sanitarios vitales para todas las personas. Los países de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental pierden en torno a 9,6 mil millones de dólares estadounidenses al año en numerosos incentivos fiscales.

«Es intolerable que las personas ricas y las grandes empresas estén evitando pagar impuestos, y que la gente normal esté pagando por ello con su precaria sanidad», enfatiza la Sra. Byanyima. «Las grandes empresas tienen que pagar su parte justa de la carga fiscal, proteger los derechos de los empleados, pagar lo mismo por igual trabajo y garantizar unas condiciones profesionales seguras para todos, sobre todo para las mujeres».

La deuda supone una enorme amenaza para la economía, la salud y el desarrollo de África, puesto que lleva a grandes recortes en el gasto social para garantizar el pago de la deuda. Según el Fondo Monetario Internacional, hacia abril de 2019, la mitad de los países africanos de bajos ingresos estaban, bien en una situación de endeudamiento grave, bien  con un alto riesgo de estarlo. Aparte de los países de bajos ingresos, en Zambia se produjo una caída de un 27 % en las inversiones en atención sanitaria y un aumento en el servicio de la deuda de alrededor de un 790 % entre 2015 y 2018. En Kenia, la tendencia fue similar. Allí el servicio de la deuda aumentó en torno a un 176 % y las inversiones en sanidad  se redujeron aproximadamente un 9 % entre 2015 y 2018. «Existe la imperiosa necesidad de gestionar la deuda de tal manera que proteja la salud de la gente. Eso supone garantizar nuevos enfoques financieros en lo que respecta a inversiones sociales, el pago de la deuda (el cual se debe detener durante un tiempo si es necesario para permitir la recuperación económica) y la reestructuración de la deuda bajo un mecanismo coordinado, para proteger el gasto en VIH, salud y desarrollo», incide la Sra. Byanyima.

Un factor aún mayor que influye en el débil estado de la sanidad es el incumplimiento de los derechos humanos. A tenor de las cifras que maneja el Banco Mundial, más de mil millones de mujeres carecen de una protección legal contra la violencia de género, y alrededor de 1,4 mil millones de mujeres no cuentan con una protección legal que las mantenga a salvo de la violencia económica doméstica. En al menos 65 países, el mantener una relación sexual con una persona del mismo sexo constituye un delito. En los últimos años, en algunos países, las medidas represivas y las restricciones sobre las personas lesbianas, gais, bisexuales, los transgénero y los intersexuales han aumentado. El trabajo sexual se considera un hecho delictivo en 98 países. Hasta la fecha, 48 países y territorios aún mantienen algún tipo de restricción relacionada con el VIH para la entrada, la estancia y la residencia en el país. De acuerdo con un estudio reciente sobre políticas relacionadas con el trabajo sexual en 27 países, aquellos que descriminalizaron algunos aspectos del trabajo sexual tienen una prevalencia del VIH considerablemente más baja.

En 91 países, los adolescentes necesitan el consentimiento de sus padres para realizarse una prueba del VIH y en 77 países requieren el consentimiento paterno también para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, lo cual crea barreras que impiden proteger  a las personas jóvenes de la infección del VIH. Una de las consecuencias derivadas de ello es que la tasa de incidencia del VIH entre las mujeres jóvenes y las chicas  en África oriental y meridional es el doble de la de sus homólogos masculinos.

«En la próxima década, podemos acabar con el sida como amenaza para la salud pública y lograr la cobertura sanitaria universal. Los Gobiernos han de gravar con justicia, ofrecer una atención sanitaria de calidad financiada con fondos públicos y garantizar la igualdad de género para todos. Es posible, podemos hacerlo», declara la Sra. Byanyima.

ONUSIDA está participando en muchos actos dentro de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, con el fin de subrayar la necesidad de que los Gobiernos cumplan sus compromisos para hacer realidad la cobertura sanitaria universal y garantizar que nadie quede atrás.