Monitoreo Liderado por la Comunidad en Paraguay: Una tarea pendiente

Por: Constanza Armas

Desde la Red de ONGs que Trabajan en VIH en Paraguay denuncian que la sociedad civil ha realizado veedurías ciudadanas más que actividades de Monitoreo Liderado por la Comunidad (MLC), lo que no permite cumplir con una de las dos recomendaciones del Panel de Revisión Técnica (PRT) del Fondo Mundial de “priorizar el Monitoreo Dirigido por la Comunidad.” Además, afirman que durante este año han tenido barreras para su participación en los procesos que se están llevando a cabo desde el Fondo Mundial para la lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria (Fondo Mundial) en ese país.

Para dar contexto Adriana Irun, de la Red de ONGs que Trabajan en VIH en Paraguay, mencionó que “hasta diciembre de 2023 la red que Trabajan en VIH en Paraguay ha realizado un monitoreo, pero no un MLC como en la respuesta Regional, si no algo que tiene más apego al aspecto legal de nuestro país (Paraguay). Se hacen veedurías ciudadanas que es una figura reglamentada por la Contraloría General de la República, lo que permite que sin autorización de los proveedores de servicio se pueda entrar a los servicios para poder hacer el monitoreo necesario. Nosotros con consultas ampliamente participativas en el 2022 hemos evaluado el nivel de cumplimiento de la ley de VIH, posteriormente hemos hecho indicadores para poder saber nivel de cumplimiento”.

Las veedurías ciudadanas “son una ganancia de la sociedad civil (…) luego de mucha incidencia política, muchas luchas, logro que no solamente que esa figura ingrese legalmente si no que la misma Contraloría lo incluyera dentro de sus objetivos y nivel de cumplimiento para que la sociedad civil tenga un nivel protagónico en lo que son consultas y monitoreo y rendición de cuenta por parte de las autoridades (servicios de salud y otros)”.

Estas se pueden contemplar como un primer acercamiento dentro del MLC, sin embargo, no es suficiente. El Monitoreo Liderado por la Comunidad (MLC) “es un proceso en el que las comunidades toman la iniciativa de realizar un seguimiento continuo de un problema que les preocupa. Una vez que identifican problemas a través de este proceso, colaboran con las autoridades y responsables para desarrollar soluciones basadas en los hallazgos obtenidos” mencionó Alma de León, de la Coalición Internacional de Preparación para el Tratamiento (ITPC), en la Formación Plataforma LAC Monitoreo Liderado por la Comunidad.

Tal como refiere Irun “el monitoreo es poder hacer denuncias, hacer seguimiento a denuncias puntuales, también es gestión de la información. Conseguir y analizar datos. Eso también forma parte del monitoreo y ahora dicen que las personas que viven con VIH o de poblaciones clave no pueden hacer el monitoreo”.

Incluir a las poblaciones que hacen vida en los servicios de salud permitirá, como se tiene contemplado, proporcionar retroalimentación recurrente, de rutina y constructiva a las instituciones sanitarias de todos los niveles, lo que mejorará la calidad de los programas mediante acciones puntuales que permitirán los cambios estructurales que se requieren.

La no inclusión de la sociedad civil es violatoria de los derechos humanos y va en contra de lo estipulado en las subvenciones del Fondo Mundial. Como menciona Camila Jazmin Mas, del Observatorio VIH y derechos humanos en Paraguay, “hay algo que no se están teniendo en cuenta, más allá de la falta de transparencia se están jugando vidas acá”.

Uno de los argumentos que se utiliza para la no inclusión de la sociedad civil que trabaja en VIH refiere a “conflicto de intereses”. En palabras de Irun “la única participación que nosotros hemos tenido es en el diálogo país (…) no hemos tenido una participación directa porque siempre se nos atribuye el tema de conflicto de intereses. Nunca estuvimos de acuerdo, lo que existe es un interés legítimo, sobre todo de la sociedad civil que tiene vinculación directa con el tema de VIH y poblaciones clave (…) desde la contraloría no se ve como conflicto de interés, pero si para los referentes del Fondo Mundial, si lo ven como conflicto de intereses. No se entiende mucho por qué (…) supongamos que el financiamiento representa un conflicto de interés. La red de VIH hace mucho tiempo que no está recibiendo ningún financiamiento, aun así, no ha participado en ningún proceso.”.

Teniendo en cuenta este contexto, desde la Red de ONGs que Trabajan en VIH en Paraguay se hace un llamado para la inclusión de la sociedad civil dentro de los proyectos que se están planteando ejecutar, teniendo en cuenta que i) las voces de las comunidades son fundamentales. “No solo somos personas a las que se le quitan datos, si no personas que podemos analizar y socializar los datos y debemos decidir cuáles son los datos que se queremos levantar”; ii) para hacer un verdadero monitoreo no se puede apuntar solamente a “sí en el servicio hay o no hay medicación, para hacer un monitoreo debemos mirar también la parte estructural qué es lo que se está convirtiendo en un obstáculo”.

Tal como mencionó Alma de León, de la Coalición Internacional de Preparación para el Tratamiento (ITPC), en la Formación Plataforma LAC “el sistema de monitoreo liderado por la comunidad pertenece a la comunidad y está centrado en la comunidad, no es del MCP, no es del receptor principal, no es del Gobierno, es de la comunidad y permite que se integre la perspectiva de los usuarios”.

Además de estas dificultades, desde la red identifican intervenciones poco contextualizadas, ninguna evaluación sobre el plan estratégico nacional de respuesta al VIH que permita trabajar de forma articulada por próximos años, además de falta de transparencia en los concursos (ver en enlaces de interés) y en la iniciativa de pago por resultados.

Todo lo descrito se aleja de la Estrategia del Fondo Mundial 2023-2028 que sitúa el liderazgo comunitario en centro de la respuesta de las tres enfermedades, las voces de la sociedad civil son fundamentales para la respuesta al VIH y nadie se las puede negar.

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